1.- El Congreso de la República de Guatemala pretende aprobar reformas a la Ley Nacional de Reconciliación con el objeto de generar impunidad por graves violaciones a los derechos humanos, otorgándole dictamen favorable a la iniciativa de ley 5377.
2. Dicha iniciativa es contraria a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que consagran el derecho de las víctimas a obtener justicia por tales delitos, en grave violación a la Convención Americana de Derechos Humanos.
3.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado en diversas sentencias sobre Guatemala, la obligación que los tribunales penales ordinarios competentes tiene de investigar y sancionar a los miembros de la fuerza pública que participan en casos de violaciones a derechos humanos. Además, que el Estado debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria.
4.- Por tal motivo, la aprobación de la iniciativa de ley 5377 genera responsabilidad del Estado, por incumplimiento de su deber de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y ser un instrumento de impunidad en delitos de máxima gravedad y que son considerados crímenes de lesa humanidad.
5. En este sentido, demandamos a los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República que emitan dictamen desfavorable a dicha iniciativa, así como abstenerse de aprobar una iniciativa de ley que genera impunidad y por lo tanto constituye una acción de obstaculización a la acción penal de los legítimos derechos de las víctimas que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos. Cabe resaltar que las propias cortes del país se han pronunciado en diferentes ocasiones en el sentido de rechazar este tipo de obstáculos a la justicia.
6.- Solicitamos públicamente a la Comisión de Derechos Humanos que se conceda una audiencia a la mayor brevedad para efecto de exponer de forma personal las implicaciones jurídicas de la aprobación de dicha ley, por conllevar un grave retroceso en la lucha contra la impunidad en Guatemala.
Guatemala, 6 de marzo de 2018
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