Las organizaciones de la Convergencia por los Derechos Humanos, expresamos nuestra profunda indignación por la situación de polarización contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos y en particular por la escalada de ejecuciones contra dirigentes campesinos, siendo el caso más reciente las muertes violentas de Florencio Pérez Nájera y de Alejandro Hernández García, pertenecientes a la organización Comité de Desarrollo Campesino CODECA. Organización que había enterrado a Luis Marroquín, dirigente Nacional, asesinado el 9 de mayo en San Luis Jilotepeque, Jalapa.
A estos lamentables hechos se suma el ocurrido el día 30 de mayo, cuando Ramón Choc Sacrab, autoridad indígena de la Comunidad Ixloc San Pedrito, Cobán fue herido de manera mortal y falleció un día después. El ocurrido con la ejecución el día 13 de mayo de Mateo Chamán Pauu, líder de San Juan Tres Ríos Cobán, y el de José Can Xol, líder de la comunidad Choctún Basilá de Cobán, ocurrido el 10 de mayo.
El denominador común de estos hechos es la incompetencia en las actuaciones de los funcionarios del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el INACIF ante denuncias de amenazas y agresiones previas. Otro elemento que priva es el discurso de odio y de apología del delito por parte del Presidente de la República. Estos elementos representan una forma de encubrimiento de los responsables de esos delitos. En un contexto de absoluto desinterés de las entidades del Estado para prevenir dichos asesinatos y de garantizar la protección de personas que estén en peligro de sufrir dichas ejecuciones.
Estas ejecuciones suman 6 defensores de derechos humanos asesinados en las últimas tres semanas, siguiendo los responsables de los hechos el mismo patrón de actuación, contra personas que han apoyado luchas por el derecho a la tierra, demandas laborales y defensa del territorio. Representando estos hechos la culminación de ese ambiente de polarización, estigmatización, discursos de odio que el mismo gobierno ha estimulado contra defensores de derechos humanos y contra quienes velan porque los derechos humanos sean una realidad en el país.
El silencio de las autoridades de gobernación, la ineficacia en la investigación por parte del Ministerio Público, la pésima actuación forense del INACIF, la ausencia de seguimiento a las denuncias por parte de la PNC, afirman la intención de que estos caos queden en la impunidad y pone de manifiesto la tolerancia y aquiescencia de las autoridades que están llamadas por mandato constitucional a proteger la vida y la integridad de las personas.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social guatemalteco a unir esfuerzos para frenar y prevenir estos hechos, definiendo los mecanismos que nos dan los instrumentos legales en materia de derechos humanos, para hacer las denuncias que correspondan y castigar a los responsables de los hechos y a las autoridades que por complacencia y pasividad los toleran.
Nos sumamos a la posición del Procurador de los Derechos Humanos, de llamar a las autoridades honestas dentro del sistema de seguridad y justicia del país a involucrarse activamente en la defensa del régimen de Derechos Humanos de Guatemala, como una garantía del respeto a las libertades fundamentales y la vía del Estado de Derecho.
Guatemala, 5 de junio de 2018.
A estos lamentables hechos se suma el ocurrido el día 30 de mayo, cuando Ramón Choc Sacrab, autoridad indígena de la Comunidad Ixloc San Pedrito, Cobán fue herido de manera mortal y falleció un día después. El ocurrido con la ejecución el día 13 de mayo de Mateo Chamán Pauu, líder de San Juan Tres Ríos Cobán, y el de José Can Xol, líder de la comunidad Choctún Basilá de Cobán, ocurrido el 10 de mayo.
El denominador común de estos hechos es la incompetencia en las actuaciones de los funcionarios del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el INACIF ante denuncias de amenazas y agresiones previas. Otro elemento que priva es el discurso de odio y de apología del delito por parte del Presidente de la República. Estos elementos representan una forma de encubrimiento de los responsables de esos delitos. En un contexto de absoluto desinterés de las entidades del Estado para prevenir dichos asesinatos y de garantizar la protección de personas que estén en peligro de sufrir dichas ejecuciones.
Estas ejecuciones suman 6 defensores de derechos humanos asesinados en las últimas tres semanas, siguiendo los responsables de los hechos el mismo patrón de actuación, contra personas que han apoyado luchas por el derecho a la tierra, demandas laborales y defensa del territorio. Representando estos hechos la culminación de ese ambiente de polarización, estigmatización, discursos de odio que el mismo gobierno ha estimulado contra defensores de derechos humanos y contra quienes velan porque los derechos humanos sean una realidad en el país.
El silencio de las autoridades de gobernación, la ineficacia en la investigación por parte del Ministerio Público, la pésima actuación forense del INACIF, la ausencia de seguimiento a las denuncias por parte de la PNC, afirman la intención de que estos caos queden en la impunidad y pone de manifiesto la tolerancia y aquiescencia de las autoridades que están llamadas por mandato constitucional a proteger la vida y la integridad de las personas.
Hacemos un llamado a las organizaciones del movimiento social guatemalteco a unir esfuerzos para frenar y prevenir estos hechos, definiendo los mecanismos que nos dan los instrumentos legales en materia de derechos humanos, para hacer las denuncias que correspondan y castigar a los responsables de los hechos y a las autoridades que por complacencia y pasividad los toleran.
Nos sumamos a la posición del Procurador de los Derechos Humanos, de llamar a las autoridades honestas dentro del sistema de seguridad y justicia del país a involucrarse activamente en la defensa del régimen de Derechos Humanos de Guatemala, como una garantía del respeto a las libertades fundamentales y la vía del Estado de Derecho.
Guatemala, 5 de junio de 2018.
Foto CCDA Verapáz
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