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Noticias

PRESOS POLÍTICOS EN SAN PABLO SAN MARCOS

12/12/2016

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ASAMBLEA DE PUEBLOS DE SAN MARCOS, TXE CHMAN

Ante la opinión pública

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos
DENUNCIAMOS

Los dos años de injusticias y privación de libertad de Defensores de Derechos humanos del municipio de San Pablo, departamento de San Marcos.

El 10/12/2014, agentes de la Policía Nacional Civil, detuvieron injustificadamente a Fausto Sánchez Roblero, quien por más de dos años se encuentra encarcelado, y sigue en la cárcel a pesar de que el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Marcos lo ha ABSUELTO de todos los cargos en las dos causas penales que siguen en su contra. Observándose en estos procesos que los recursos legales son utilizados por los querellantes adhesivos como un mecanismo legal para retrasar los procesos.

Ante la detención arbitraria de Fausto Sánchez y sin haber cometido delito o falta alguna, la población de San Pablo se manifestó, expresando su inconformidad. Como medida de reacción y represión a la población las autoridades policiales al azar detuvieron a seis personas más, entre los detenidos una mujer madre soltera de cuatro hijos.

Por presiones externas tres de los detenidos, en forma arbitraria y al azar, se auto culparon y por ello recibieron rebaja de pena, aun siendo inocentes. Se les impuso la pena de dos años que ya cumplieron y siguen en la cárcel por la persecución sistemática de querellantes adhesivos quienes alargan procesos judiciales con litigio malicioso: no compareciendo a audiencias o incumpliendo formalismos para posteriormente hacer uso de recursos que atrasan los procesos penales.

Denunciamos la sistemática criminalización de autoridades ancestrales y comunitarias, tergiversando la organización social comunitaria de los pueblos indígenas y sus autoridades, atacando la legítima y legal protesta social, la diversidad de opiniones y el disenso democrático. Sorprende que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado este llevando casos de autoridades indígenas legitimados por su comunidad, que por no comprender de las organizaciones sociales comunitarias presentan intimaciones y acusaciones que les permita una persecución penal y privación de libertad por una larga lista de delitos penales. La persecución no cesa, más bien el Ministerio Publico persigue a los líderes sociales a nivel internacional por medio de Interpol.

Denunciamos que autoridades, empresas y sus organizaciones no temen en encarcelar a un anciano de 74 años. Este anciano es don Lorenzo Ramírez Rodríguez, autoridad comunitaria, quien dentro de la cárcel, desde más de un año, está luchando en contra de su ceguera total, sin recibir la oportuna atención médica - desde febrero 2015 está pidiendo apoyo médico y hasta la fecha no ha recibido la cirugía. Condiciones que se asemejan a trato cruel e inhumano.

Denunciamos que hay resoluciones judiciales ilegales, por ejemplo, al decretar medidas sustitutivas que restringen a los criminalizados sus derechos mucho más allá de lo previsto en la normativa legal - en la práctica le prohíben participar en la vida comunitaria, de encontrarse con líderes y otros representantes de los pueblos mayas del departamento de San Marcos y de hablar sobre la empresa Hidrosalá Sociedad Anónima que pretende realizar proyectos extractivos.

Exigimos la liberación inmediata e incondicional de los 11 presos políticos de San Marcos: María Maribel Díaz Gómez, Marco Tulio Pérez Pablo, Simeón Mauricio Guzmán, Bruno Emilio Solís Pérez, Nery Edilmar Santos López, Heriberto Evelio Santos López, Fausto Sánchez Roblero, Alfonso Chilel Hernández, Lorenzo Ramírez Rodríguez, Irineo Plutarco Clemente Pérez y recientemente también Licardie Duarle Fridolino. Urgimos el cese a la persecución penal en contra de 3 autoridades ancestrales y líderes sociales con medidas sustitutivas: Oscar Sánchez Morales, José Mauricio López Escobar y Evelio Velásquez Ramos.

Exigimos el cese de la persecución penal por delitos como: acusación por plagio y/o secuestro, robo agravado, sedición, atentado con agravación específica, detención ilegal con circunstancia agravada, instigación a delinquir, detenciones ilegales agravadas y coacción, encubrimiento propio, atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública y actividades contra la seguridad interior de la nación.

Exigimos el respeto a las comunidades, indígenas mames y sus derechos colectivos, el derecho a la consulta, especialmente en el marco de bienes naturales y proyectos empresariales que persiguen intereses particulares y no el bien común.

Consejo Mam Te TxeChman San Marcos
Consejo Sipakapense
Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos (FRENA)
Asociación para el Desarrollo Integral Maya AJCHMOL (ADIMA)
Movimiento de Trabajadores/as y Campesinos/as (MTC)
Fundación Tierra Nuestra (FUNDATIERRA)
Juventud Roja
Plataforma Agraria

Con el apoyo y acompañamiento de:

Alba Cecilia Mérida, Huehuetenango
Alianza Política Sector de Mujeres
Andrés Cabanas, periodista
Asociación Amigos de Guatemala, de Murcia (España)
Asociación COMUNICARTE
Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala NIM AJPU
Asociación de Desarrollo de la Mujer K'ak'ak Na'oj (ADEMKAN)
Asociación de Formación para el Desarrollo Integral (AFOPADI)
Asociación de Mujeres Aq'ab'al, Barillas Huehuetenango
Asociación de Mujeres Indígenas Yalmotx
Asociación Feminista La Cuerda
Asociación Para el Desarrollo Sostenible de la Juventud (ADESJU)
Broederlijk Delen
Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH)
Campaña Guatemala sin Hambre (CGSH)
Carlos Pérez Guartambel
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA)
Confederación de Nacionalidades Kichwas del Ecuador (ECUARUNARI)
Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)
Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG)
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango (CCQ)
Colectivo MadreSelva
Colectivo No'j
Colectivo Vida, Justicia y Libertad para las Mujeres, Huehuetenango
Colectivo Voces de Mujeres
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala (JPIC-CONFREGUA)
Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Comité de Unidad Campesina (CUC)
Convergencia por los Derechos Humanos
Coordinadora andina de organizaciones indígenas (CAOI)
Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej
Delmi Arriaza Pontaza, activista
Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, Perú
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Federación Guatemalteca De Escuelas Radiofónicas (FGER)
Fernando Soto Tock
Fundación Guillermo Toriello (FGT)
Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM)
Instituto de Protección Social (IPS)
Julia Esquivel Velasquez
Leonor Hurtado
Manolo García García
Manuela Picq
Movimiento de Artistas Indignados de Xelajuj No'j (MAIX)
Movimiento De Acción Sancarlista (MAS)
Movimiento Ideales SanCarlista
Nelton Rivera González, Prensa Comunitaria
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino ORDEURCA, Colombia
Plataforma Interinstitucional Celendina, Perú
Plataforma Internacional Contra la Impunidad
Protection International (PI)
Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI)
Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA)
Refugio de la Niñez
Rosemary Son
Rubén Herrera Herrera, Huehuetenango
Santiago Bastos, Prensa Comunitaria / CIESAS
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)
Unsitragua Histórica
Úrsula Roldán Andrade

Guatemala, 10 de diciembre del 2016.
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PROTEGER LA INTEGRIDAD Y LA VIDA DE LAS Y LOS PERIODISTAS

12/1/2016

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CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS  

1. El 28 de noviembre casi a la media noche, el periodista Oswaldo Ical Jom fue brutalmente vapuleado por el Síndico Segundo de la municipalidad de Chicamán, Alfonso Morán. El ataque, tercero que sufre Oswaldo desde agosto de 2014, tiene como propósito impedir que continúe con su trabajo como periodista.

2. En agosto de 2014 cuando investigaba una información, Oswaldo Ical fue secuestrado, torturado y golpeado por un grupo dirigido por los hermanos Antonio y Diego Itzep, cabecillas de una supuesta junta de seguridad, en una aldea de Uspantán, Quiché. Un año después, también durante el ejercicio de su actividad periodística, Oswaldo fue agredido por miembros del Partido Patriota, en ese entonces en el poder.

3. En aras de fortalecer el estado de derecho y contribuir al combate de la impunidad, Oswaldo ha mantenido una lucha inquebrantable por alcanzar justicia por la agresión enfrentada y lograr que los tribunales procesen a los responsables.

4. Este nuevo ataque en contra del reportero se produce apenas dos días antes del 30 de noviembre, cuando se conmemora en Guatemala el Día del y la Periodista. Una profesión cuyo ejercicio en el país se ha tornado cada vez más difícil pues, de acuerdo con datos del Ministerio Público, tan solo este año han matado a ocho periodistas.

En virtud de esta situación, como Convergencia por los Derechos Humanos

1. Trasladamos un mensaje de solidaridad para Oswaldo Ical Jom, así como nuestro respaldo pleno a su labor como defensor del derecho a la información. Al mismo tiempo, reiteramos nuestro apoyo a su valiente lucha por alcanzar justicia y fortalecer el estado de derecho.

2. Enviamos un saludo fraterno a las y los periodistas en Guatemala quienes hoy conmemoran su día, en condiciones todavía injustas para el ejercicio de su labor. Por lo cual, también les instamos a generar lazos de unidad gremial en defensa de sus derechos laborales y profesionales.

​3. Demandamos a las autoridades del sistema de justicia a realizar la investigación que permita deducir las responsabilidades por este alevoso ataque, cuyas consecuencias golpean también a la sociedad guatemalteca.

4. Reiteramos nuestra exigencia de que el Estado de Guatemala ponga en plena vigencia un Programa de Protección a Periodistas, comunicadoras y comunicadores en todos los campos y que responda a las situaciones reales que enfrentan, así como a la magnitud de la amenaza a su labor.

5. Instamos a la sociedad guatemalteca, a las organizaciones sociales y de derechos humanos, a solidarizarse con las y los periodistas amenazados en su labor profesional y a defender el derecho a la información, vulnerado cada vez que se les ataca.

Guatemala, 30 de noviembre de 2016

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