El 16 de mayo de 2017 expertos en antropología forense del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, realizaron exhumación de víctima del Conflicto Armado Interno en el cantón Piedras Negras de municipio de San Andrés Sajcabajá en el departamento del Quiché.  Según información testimonial la víctima era una menor de edad que falleció en circunstancias violentas.

MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS Q’ANIL TINAMIT
RED NACIONAL DE VÍCTIMAS
CONSEJO NACIONAL DE VÍCTIMAS


​El 10 de mayo de 2013, el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riesgo del Grupo “A” condenó al general Efraín Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, cometidos en contra del Pueblo maya Ixil. Esta sentencia representa un hito histórico que demostró claramente ante los ojos de toda la sociedad y del mundo, las graves violaciones y las atrocidades que el Estado de Guatemala cometió contra los pueblos indígenas durante el conflicto armado interno.

Durante el juicio por genocidio se demostró la culpabilidad de Ríos Montt a través de 806 medios de prueba: 736 documentos, 40 peritos y 30 testigos, por lo cual consideramos que la sentencia es objetiva y válida, y exigimos que se cumpla la ley.

Las organizaciones de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno de las diferentes regiones del país, expresamos nuestra solidaridad con el Pueblo maya Ixil y respaldamos su lucha por la justicia y la reparación digna. Al igual que las mujeres y los hombres ixiles, las víctimas y los sobrevivientes de todo el país hemos luchado por muchos años para exigir nuestros derechos, pero el Estado de Guatemala nos sigue cerrando las puertas mientras los criminales continúan impunes.

Por tanto, demandamos:

a. Que se aplique la justicia de manera efectiva y transparente contra Ríos Montt y contra todos los culpables del genocidio en nuestras comunidades.

b. Que se aplique la justicia de manera efectiva en los casos CREOMPAZ, Molina Theissen y todos los otros casos de justicia transicional, para que estos crímenes no queden en la impunidad.

c. Apoyamos y respaldamos todo el proceso hasta lograr la justicia. Guatemala merece un nuevo camino para construir la paz.

Las víctimas y los sobrevivientes del conflicto armado interno, quienes fuimos objeto de persecución, exterminio, destrucción de nuestras comunidades, genocidio y crímenes de lesa humanidad, exigimos justicia contra quienes cometieron estos hechos repudiables. Exigir justicia es un derecho humano, no es venganza.

¡NUESTRO CLAMOR ES POR LA JUSTICIA. NO MÁS IMPUNIDAD!

​Guatemala, 10 de mayo de 2017.

LLAMADO DE 29 ASOCIACIONES A LA SOCIEDAD CIVIL PARA QUE EXIJA UNA POLÍTICA SERIA PARA PROTEGER REALMENTE LOS DERECHOS DE TODAS LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DESPUÉS DE LA TRAGEDIA DEL 8 DE MARZO EN EL HOGAR ESTATAL VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

La tragedia del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el ocho de marzo pasado, como resultado del cual sufrieron daño físico 56 niñas y adolescentes, de las cuales fallecieron 41, nos interpela a nosotras y nosotros responsables de asociaciones que se ocupan de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de mujeres y de derechos humanos. Este hecho nos hace tomar mayor lucidez de la situación lamentable en la que se encuentra la mayoría de los niños y jóvenes, sobre todo de las clases marginadas de la ciudad y en especial del campo. Esto nos conduce a la necesidad de elaborar una seria política de la niñez y juventud. 

La situación después del 8 de marzo tiene que cambiar radicalmente, y por eso las asociaciones firmantes hacemos un llamado a la sociedad civil y a todas las organizaciones que quieren defender los derechos de los menores y el futuro de Guatemala.

Antes de todo, expresamos nuestra preocupación por el modo con el cual se mueve la justicia. Hasta ahora solo los tres responsables directos del Hogar Seguro, el director Santos Torres, el Secretario de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Carlos Rodas, y la subsecretaria de la misma institución, Anahí Keller, fueron capturados, pero luego fueron tratados con mucha indulgencia, pues el juez les dio el beneficio de arresto domiciliario. Ningún responsable de la Policía Nacional Civil, que por orden del presidente de la República se encargó de mantener y restablecer el orden,  ha sido capturado, tampoco ninguno de los monitores o vigilantes internos del hogar.

Exigimos que la investigación judicial se extienda a todos los que tuvieron una responsabilidad directa o indirecta en la tragedia. Hasta los que nombraron desde el año 2012, a personas que no tenían ni la preparación ni la experiencia para dirigir la Secretaría de Bienestar Social y el hogar mismo.

Exigimos también que la investigación se amplíe a los años anteriores, a todos los delitos cometidos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción: maltratos, violaciones sexuales, inducción a la prostitución, trata de personas, homicidios, torturas, tráfico de drogas, y la desaparición de 106 niños y niñas, señalada por el Grupo de Apoyo Mutuo GAM, que fueron denunciados y que se dieron bajo las administraciones de Pérez Molina y Jimmy Morales. Se tiene que indagar sobre las bandas criminales que estaban implicadas en todos esos delitos.
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Es necesario también controlar la situación en otras estructuras estatales y privadas donde están viviendo niñas, niños y adolescentes. Este trágico evento evidencia la falta de una seria política de la niñez y la adolescencia, que es irrealizable si no se tiene los recursos necesarios. Éstos no existen porque el gobierno y el Congreso no exigen que las empresas paguen los impuestos justos. En la semana siguiente de la tragedia, el Congreso decidió crear exenciones y privilegios para los ganaderos y los agroexportadores. Los problemas de la niñez y adolescencia son provocados por la situación de pobreza y miseria de la mayor parte de la población y la acumulación de la riqueza en manos de minorías privilegiadas. Estos problemas no se pueden resolver sin un cambio radical de sociedad, sin una justa repartición de las riquezas y el respeto de los derechos de todas las personas y de todos los pueblos que viven en Guatemala. 
 
 Asociación Movimiento de Jóvenes de la Calle (MOJOCA)
América Latina Alternativa Social (RED ALAS)
Asociación Coalición Sembradores de Vida – (Siembra Bien)
Asociación Nacional contra el maltrato infantil (CONACMI)
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO)
Brigadas de Paz Internacional
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)
Centro de Asociación Legal de Derechos Humanos (CALDH)
Centro de Políticas Públicas Para el Socialismo-Guatemala (CEPA)
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)
Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG)
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)
Fundación Mi Arca
Fundación Mirna Mack
Grupo de apoyo  mutuo (GAM)
Impunity Watch
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. (ICCPG)
Juventud Obrera Cristiana de Guatemala (JOC)
La Casa  de Cervantes
La Casa del Libro
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)
Programa Educativo del Niño, Niña y Adolescente Trabajadores (PENNAT)
Ruwachulew
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Sigo Vivo
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)
Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua Histórica)
 
 
Guatemala, 1 de mayo de 2017.