La Red Nacional de Víctimas del conflicto armado interno, manifestamos:

“La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas plantea que la desaparición forzada es el acto de arrestar, detener, secuestrar o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley”.

La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional el cual entraña  consecuencias hacia los Estados.

Las familias de más de 45,000 personas desaparecidas en Guatemala tienen el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias en que se produjo la desaparición forzada y la suerte de sus seres queridos, respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información, así como el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación.

En nuestro país la práctica de la desaparición forzada produjo miles de personas detenidas desaparecidas durante el conflicto armado interno, el Estado muy poco ha investigado y brindado el apoyo necesario para conocer su paradero. 

El proyecto de ley 3590 de búsqueda de los desaparecidos desde hace 10 años se ha estancado en el Congreso de la Republica, no hay voluntad de los gobiernos para su aprobación, similar situación pasa con el Programa Nacional de Resarcimiento que a 14 años de su creación sigue sin cumplir el resarcimiento integral a digno a quienes durante el conflicto armado interno sufrieron graves violaciones a los derechos humanos.

En consecuencia demandamos a los poderes del Estado de Guatemala:

1.  A los Diputados del Congreso de la República la aprobación de la iniciativa de ley contra la desaparición forzada conocida como la 3590.

2.  Al Organismo Judicial, Juicio y castigo a los responsables de casos de desaparición forzada.

3. Al ejecutivo el reconocimiento por parte del Estado de estos crímenes de lesa humanidad y el cumplimiento  de las medidas de Reparación digna  a los familiares y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno.

Guatemala 21 de junio 2017.  

Con el objetivo de promover la auditoría social con organizaciones de víctimas del Conflicto Armado Interno, CAFCA imparte talleres de orientación para desarrollar las capacidades de liderazgo comunitario y que estas puedan implementarse en la fiscalización de cualquier entidad que maneje recursos públicos.

En el mes de junio el equipo del Área Social visitó a la Asociación Asoq’anil de Chimaltenango, conformada por miembros de los 16 municipios de dicho departamento, en donde resalta la gran participación de mujeres lideresas.
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Durante el mes de mayo se impartieron talleres similares en los departamentos de Petén, Alta Verapaz y el municipio de Ixcán, Quiché.

Ante la visita de Estado del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, la Convergencia por los Derechos Humanos, EXPONE:
 
En México, al igual que en Guatemala, miles de familias sufren la ausencia de un familiar que se encuentra desaparecido. Tanto por efecto de la violencia desatada por la supuesta guerra contra el narcotráfico, por acción de las autoridades estatales o federales, por tolerancia oficial a las estructuras del crimen organizado, lo cierto es que son miles de personas cuyo paradero es desconocido.
 
Esta violencia contra la vida de las personas añade un elemento de crueldad que tortura y lastima a las personas cuyos seres queridos están en situación de desaparición. Máxime, cuando las autoridades cierran los ojos y los oídos ante la evidente realidad que afecta a miles de hogares del hermano pueblo mexicano.
 
El ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, militante del partido del gobernante Peña Nieto, se encuentra prisionero en Guatemala y ha sido señalado de responsabilidad en desapariciones durante su gestión. Su captura y solicitud de extradición obedece a delitos vinculados a la corrupción que ha costado vidas de niños y niñas con VIH y generado infraestructura fraudulenta en el sistema penitenciario. Sin embargo, también es conocida su responsabilidad en la desaparición de personas, como lo mostraron las organizaciones de búsqueda que estuvieron de visita en el país recientemente.
 
Mientras, el actual gobernante de México, sigue sin dar respuesta a la situación de las y los desaparecidos, a las muertes violentas de mujeres y, en particular, a la situación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. México, su pueblo, ese pueblo que recibió con los brazos abiertos a las decenas de miles de personas refugiadas durante el genocidio en Guatemala, hoy se desangra ante la indiferencia de gobernantes que como Peña Nieto, son la expresión viviente de la indiferencia, la falta de humanidad y la corrupción.
 
Ante estos hechos, la Convergencia por los Derechos Humanos:
 
1) Repudia la intención de las autoridades de la alcaldía capitalina de otorgar las llaves de la ciudad a un gobernante que no es bienvenido por el pueblo de Guatemala.
 
2) Demanda de las autoridades del sistema de justicia y seguridad  no prestarse a maniobras diplomáticas que procuren generar impunidad para Javier Duarte.
 
3) Expresa su solidaridad con el pueblo de México, en especial con las organizaciones, familiares y grupos que luchan por eliminar la impunidad y procurar verdad y justicia por las personas desaparecidas.
 
4) Exige al gobierno de Guatemala, en particular al jefe del Ejecutivo, Jimmy Morales, que lejos de pactar impunidad y silencio, demande información en torno a los miles de personas migrantes centroamericanas desaparecidas en territorio mexicano.
 
Guatemala, 5 de junio de 2017

El 30 de mayo de 2017, expertos en antropología forense de CAFCA realizaron exhumación de víctima del conflicto armado en la aldea Cotzol, municipio de Nebaj, departamento de Quiché.  Según versión testimonial, el fallecido murió de hambre cuando estaba desplazado por la violencia en la región.

Las organizaciones de la Convergencia por los Derechos Humanos
Frente al proceso de designación de la terna para la Institución del Procurador de Derechos Humanos
 
MANIFIESTA

1. Que la Convergencia por los Derechos Humanos ha estado atenta, observando y realizando acciones de auditoria social durante el proceso de designación de la terna para elegir al próximo Procurador o Procuradora de Derechos Humanos.  De esa cuenta, el 24 de abril del presente año, solicitamos a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, nos fuera proporcionado: la metodología, criterios de selección, tabla de gradación, preguntas y demás instrumentos que la Comisión utilizaría en este importante proceso.  Sin embargo, a la presente fecha, dicha información no ha sido proporcionada violando no sólo los principios de transparencia y publicidad que este proceso debe revestir, sino también los contenidos de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
2. Que durante el ejercicio de observación y auditoria social, hemos sido testigos de una serie de actos que ponen en grave riesgo el proceso en su conjunto, en la medida que alteran los procedimientos previamente establecidos y violan el cronograma establecido por la propia Comisión de Derechos Humanos. Los hechos y actos observados en cuestión son:
3. Incumplimiento en los tiempos pactados por la propia Comisión, lo cual deriva en suspensión de reuniones y desconocimiento de cuando se volverán a realizar las sesiones en cuestión.  La modificación de la fecha y hora en la que se sostienen las reuniones dificulta y obstruye el proceso de auditoría social de la ciudadanía guatemalteca.
4. Desorden en cuanto la conducción del proceso, lo cual incide de manera negativa al principio de transparencia con el cual debe de ser llevado a cabo la designación de la terna.
5. A la fecha no se han publicitado mediante los mecanismos oficiales la documentación generada dentro del seno de la Comisión de Derechos Humanos, así como de la entrega y contenido de los expedientes de las y los candidatos a Procurador de los Derechos Humanos.
6. Existe una grave falta de la Comisión de Derechos Humanos, al presentar la Tabla de Gradación posterior al momento en el cual ya contaba con los expedientes de los candidatos y candidatas; lo cual genera el riesgo de que la misma fue creada Ad Hoc para beneficiar a candidatos y candidatas en particular.
7. Existe a una clara violación a los tiempos constitucionales contenidos en el Capitulo II, artículo 4 sobre atribuciones de la Comisión, literal a) en la cual se establece que la terna de Procurador de Derechos Humanos debe de ser propuesta al Pleno del Congreso sesenta (60) días después de la instalación de la Comisión.

 
Por lo anteriormente expuesto, la Convergencia por los Derechos Humanos,
 
DEMANDA
 
A la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, elaborar un nuevo cronograma a partir del cual se generen los siguientes procesos:

1. Consulta a la Corte de Constitucionalidad sobre los tiempos con los que cuenta para la designación y propuesta al Pleno del Congreso de la República de la terna para Procurador de Derechos Humanos, para dar cumplimiento fiel a lo establecido en la Ley que les rige.
2. Convocatoria amplia para la discusión y elaboración de una Tabla de Gradación que responda a criterios técnicos y eliminar aquellas suspicacias de pretender beneficiar a candidatos y candidatas en particular.
3. Realizar las enmiendas correspondientes que garanticen la transparencia y publicidad del proceso en su conjunto.

Guatemala, 28 de mayo de 2017. ​