Que las organizaciones que conformamos la Convergencia por los Derechos Humanos, nos adherimos a la denuncia presentada por la Fundación Myrna Mack contra la Presidenta del Organismo judicial y Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés Quezada, por haber cometido violaciones a la Constitución Política de la República, la Ley de la Carrera Judicial y las Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial.  
 
Dicha denuncia fue presentada, puesto que el 13 de diciembre del año pasado, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia –CSJ- difundió por redes sociales un mensaje ajeno a su funión. Se trata de un comentario vertido por el presidente de la  Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruíz, quien incumpliendo la resolución que lo declara violador de derechos humanos, por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos y ratificada por la CSJ y la Corte de Constitucionalidad, difama y calumnia a la Defensora de Derechos Humanos Helen Mack.
 
Esta acción, que vulnera la independencia judicial y compromete la imparcialidad de la alta magistratura, es  a todas luces inaceptable y puede representar una muestra más del Pacto por la Impunidad que se gestó durante la selección de las y los magistrados en el proceso del 2014. 
 
El hecho denunciado por la Fundación Myrna Mack vulneró el principio de independencia judicial, por lo que la garantía de respeto a los derechos humanos está en riesgo. Las normas del debido proceso y el apego a los estándares internacionales, así como a los principios de la aplicación de justicia en el marco del estado de derecho, corren el peligro de ser vulneradas, por acciones públicas y privadas emprendidas por cualquier magistrado o magistrada de la Corte Suprema de justicia.
 
Por tal motivo, la Convergencia por los Derechos Humanos, respalda la acción planteada por p la Fundación Myrna Mack, ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial y demanda que está resuelva conforme a derecho. También que, por tal motivo, se le dicte la sanción administrativa que corresponde, como una muestra de que la independencia judicial es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho.
 
 
Así mismo, reitera el llamado realizado la semana anterior, en cuanto a solicitar la renuncia de la magistrada Blanca Stalling, quien junto a la acción de la Presidenta de la CSJ y otros casos de magistrados, son muestra de la profunda necesidad de depuración y reforma en el Sistema de Justicia.
 
Guatemala, 17 de enero de 2017