El día 16 de agosto de 2016 expertos en antropología forense del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas localizaron y recuperaron indicios asociados a una persona fallecida en el contexto del Conflicto Armado Interno, en el lugar conocido como La Vega del Zope, municipio de San Andrés Sajcabajá, departamento de Quiché. 

​Asamblea de Pueblos Te Txe Chman, San Marcos
 
COMUNICADO A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
 
Por la Vida y la Defensa del Territorio Mam, Sipakapense, K’iche’ y Mestizo
 
Denunciamos la incursión de empresas nacionales y transnacionales en proyectos de explotación de bienes naturales en territorios mayas, sin contar con el aval ni la aceptación de los pueblos originarios, tampoco de la demás población local. Estos proyectos han generado conflictividad social, rompimiento del tejido social, criminalización de liderazgos, violencia y asesinatos. Su imposición es una clara violación al marco legal nacional e internacional, por ejemplo, incumplimiento de consultas a pueblos indígenas potencialmente afectados.
 
En varias ocasiones, la población del municipio de San Pablo, San Marcos informó a sus autoridades, previo a la realización de asambleas comunitarias, su no consentimiento para la construcción de diferentes proyectos hidroeléctricos – “HidroSalá”, “Tres Ríos”, “Proyecto Negro” y “El Porvenir” – Aun así Instituciones estatales autorizaron proyectos de explotación de bienes naturales, en una clara violación a las disposiciones legales del Convenio 169.
 
Denunciamos la criminalización que estamos sufriendo como pueblos originarios en resistencia en defensa de los derechos humanos, en especial a la consulta, las libertades de asociación, de organización, de reunión y de manifestación.
 
En abierta violación a las mencionadas libertades y derechos humanos fundamentales, se ha criminalizado a las autoridades comunitarias, que son nombradas y designadas en asambleas, con el mandato de representar las opiniones y decisiones comunitarias. Exigimos que nuestras estructuras comunales y nuestras autoridades sean reconocidas y rechazamos el calificativo de "estructuras criminales" por tener una opinión diferente hacia los proyectos de explotación de bienes naturales.
 
Denunciamos que actualmente una mujer y nueve hombres, líderes, lideresas y autoridades comunitarias: María Maribel Díaz Gómez, Heriberto Evelio Santos López, Nery Edilmar Santos López, Simeón Mauricio Guzmán, Marco Tulio Pérez Pablo, Bruno Emilio Solís Pérez, Lorenzo Ramírez Rodríguez, Plutarco Irineo Clemente Pérez, Alfonso Chilel Hernández, Fausto Sánchez Roblero del municipio de San Pablo, departamento de San Marcos han sido privados de su libertad, están siendo judicializados y criminalizadas en el marco de conflictos sociales generados por proyectos de energía eléctrica que actúan sin respetar los resultados de las asambleas comunitarias, ni consultar las opiniones de la población y sobre los efectos que ha tenido la privatización de los servicios de electricidad en el país.
 
Rechazamos rotundamente que se encarcelen a personas con opiniones diferentes a las de actores de poder económico. Y se continúe con la política de criminalización contra líderes y lideresas, emitiendo órdenes de captura contra líderes y lideresas comunitarios y defensores de Derechos Humanos.
 
Entre los presos políticos se encuentran autoridades ancestrales, autoridades comunitarias y personas miembros de la comunidad, padres y madre de familia, separados injustamente de sus familias. La mayoría de los presos políticos llevan 600 días en la cárcel, entre ellos un anciano con 75 años de edad, con severos efectos de salud en sus ojos, que debe ser tratado clínicamente y una compañera en  condicion de madre soltera.
 
Seis de los diez presos políticos ya fueron condenados a prisión inconmutable por 2 a 4 años, de manera injusta se definió que sean sentencias inconmutables; a la vez, los querellantes adhesivos hacen uso excesivo de recursos legales para atrasar que la sentencia quede firme,y los presos estén privados de libertad por mayor tiempo. Ambos motivos impiden que los presos políticos salgan de las cárceles sobre pobladas.
Otras causas penales siguen su curso en primera instancia, y en otras las resoluciones de primera instancia están siendo impugnadas por los querellantes adhesivos, alargando de esta manera artificialmente los juicios, incumpliendo el principio de celeridad, lealtad procesal, derecho de defensa, objetividad, etc.
 
Uno de los procesos en contra Fausto Sánchez Roblero autoridad ancestral del Consejo Maya-Mam y Alfonso Chilel Hernández, líder comunitario, se encuentra en la etapa de debate. Por ello exigimos que el juicio se lleve a cabo con estricto apego a la verdad de los hechos y la ley en materia de derechos colectivos y convenios internacionales, esperando que sean declarados inocentes en todos los puntos de la acusación y puestos en libertad inmediata, al concluirse este proceso caracterizado por la falta de pruebas, contradicciones de testigos de acusación, la incorporación de documentos sin carácter científico ni oficial, entre otras falencias más.
 
A la vez, les damos una calurosa bienvenida a los siete presos políticos del Norte de Huehuetenango, quienes igualmente fueron víctimas por el injusto encarcelamiento de uno a tres años, sin que se contara con prueba idónea, objetiva, pertinente y recabada en forma lícita. Esperamos una reparación digna, en las dimensiones económicas, políticas y sociales. A la vez, esperamos que el Estado cumpla con su obligación de consultar a poblaciones locales sobre proyectos de explotación de bienes naturales que implican licencias y autorizaciones del Estado. Esperamos que el Organismo Judicial y el Ministerio Público encuentren los mecanismos idóneos para evitar la criminalización de autoridades comunitarias, a la vez proceder a las sanciones administrativas, penales y civiles en contra de funcionarios que según indicios, actúan al margen de la ley.
 
¡EXIGIMOS LIBERTAD YA PARA LOS 10 PRESOS POLÍTICOS DE SAN PABLO, SAN MARCOS!
 
Consejo Mam Te Txe Chman San Marcos Consejo Sipakapense Asociación Coordinadora Marquense Madre Tierra, Nan Tx´ Otx´ (ACOMNAT) Asociación para el Desarrollo Integral Maya (AJCHMOL), Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo (FRENA), Fundación Tierra Nuestra, Juventud Roja Movimiento de Trabajadores Campesinas/os (MTC), Plataforma Agraria, Alba Cecilia Mérida, antropóloga defensora del territorio Huehuetenango, Alianza Política Sector de Mujeres, Andrés Cabanas periodista, Asociación de Formación para el Desarrollo Integral (AFOPADI), Asociación de Mujeres Aq'ab'al Barillas Huehuetenango,  Asociación La Cuerda, Campaña Guatemala sin Hambre (CGSH), Centro de Acción Legal en DDHH (CALDH), Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG), Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango, Colectivo de Estudios Rurales Ixim, Colectivo MadreSelva, Colectivo Vida Justicia y Libertad para las Mujeres- Huehuetenango, Colectivo Voces de Mujeres, Consejo Maya K’iche’ de Quetzaltenango, Convergencia por los Derechos Humanos, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Federación de Escuelas Radiofónicas de Guatemala (FGER), FLACSO Unidad Quetzaltenango, Fundación Guillermo Toriello (FGT), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), Marco Vinicio López Maldonado, Movimiento Estudiantil Ideales SanCarlista del (CUNOC), Nim Ja Chombal Tinamit re Xepec (Alcaldía indígena de Olintepeque), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Pastoral de la Tierra Nacional, CEG, Pastoral de la Tierra-San Marcos, Seguridad en Democracia (SEDEM), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Guatemala (UDEFEGUA), Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Verónica Sajbin Velásquez- feminista, Vicente Chaj Chavez.