Frente al fuego sagrado, con la petición al Ajaw para que amanezca y llegue la Aurora, fueron recibidos los restos de Miguel López Mendoza, a quien el 12 de junio de 1983, miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil y comisionados militares le provocaron la muerte en la comunidad Vega del Zope, municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché.  La exhumación de los restos de don Miguel fue realizada por expertos del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) con el apoyo y acompañamiento del Consejo Nacional de las Comunidades para el Desarrollo Integral de Guatemala (CONCODIG) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

La Convergencia por los Derechos Humanos plantea que no es el momento de dar vuelta a la página o pretender negociar impunidad.  La crisis que vivimos tiene como origen la persecución penal que impulsada desde el Ministerio Público, con o sin acompañamiento de la CICIG, contra personas importantes del sector político, el crimen organizado y el sector empresarial.  Desde el año pasado con casos como la Cooptación del Estado, la persecución penal fue desnudando la participación de una parte del empresariado en la financiación electoral y en el pago de sobornos. Por otra parte, era evidente la necesidad de abordar el centro de la cleptocracia en el manejo de los partidos políticos y la responsabilidad de sus Secretarios Generales; lo cual fue develado la semana anterior.
 
Este es el momento de tener claro que la crisis no es producto de un conflicto entre Jimmy Morales e Iván Velásquez. Es un proyecto de respuesta de los sectores afectados por la impunidad, ante la fuerza de  la ciudadanía que busca que se transite hacia un estado democrático de derecho capaz de proteger los Derechos Humanos y resolver los conflictos entre personas sin mediar la compra de voluntades.
 
También es un momento de romper con las falsas etiquetas con las que el proyecto de impunidad quiere mantener sus privilegios y ganancias.  La lucha contra la corrupción no es un asunto de izquierdas y derechas; la disputa por la justicia no es un asunto de religiones ni de clases; no todos los empresarios son explotadores, ni las personas que luchan por los Derechos Humanos son vividores, ni todos los funcionarios públicos, judiciales y políticos son parte de la arquitectura de la corrupción.
 
El momento actual es de reconocer que aunque la resolución de la disputa constitucional sobre la legalidad de la decisión de Jimmy Morales se ha concluido confirmando a Iván Velásquez en su puesto; las intenciones de expulsarlo no han cesado y sigue habiendo movimientos en su contra.  La ciudadanía necesita comprender que una CICIG sin Iván Velásquez no es posible porque es público y notorio que las críticas en su contra provienen, en su núcleo, de los sectores que se benefician de la impunidad.  Estos sectores utilizan desinformación, argumentos falaces, falsos nacionalismos y miedos ciudadanos para involucrar personas de buena fe en una campaña como la que se ha desarrollado contra CICIG.
 
La salida de la crisis debe desembocar en un diálogo que en realidad busque reformas institucionales que reconozcan al Estado pluricultural, multilingüe y multiétnico y con ello su correspondencia institucional; que reformen el sector justicia para impedir la injerencia política; que retire los candados que impiden la fiscalización del sector privado y otra serie de retos institucionales que hemos detectado durante la vida democrática de Guatemala. Sin embargo,  consideramos que este paso no puede darse si el antejuicio contra el Presidente Jimmy Morales no prospera y el Pacto por la Impunidad no se disuelve.  Esto deberá incluir el desmontaje del discurso guerrerista y amenazante asumido por el Presidente y el Alcalde el 29 de agosto.
 
Ante esto, hacemos un llamado a:

·    La población a no desmovilizarse hasta que el antejuicio contra Jimmy Morales  sea levantado y pueda procederse a la investigación sobre la procedencia de los fondos anónimos y encontrar aquellos financiamientos ilícitos que fueron escondidos por el FCN.

·    Las movilizaciones públicas a concentrar su atención en la Corte Suprema de Justicia y en la Sala a la que se haya derivado el antejuicio presentado por el Ministerio Público con apoyo de la CICIG hasta que sea enviado al Congreso porque allí podría estar la próxima movida de la impunidad.

·    A los grupos sociales a realizar movilizaciones para demandar la inmediata aprobación de las Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de la Carrera Judicial y Ley de Comisiones de Postulación como condición necesaria para entrar a procesos de diálogos serios que incluyan a la clase política.

·    Al Procurador de Derechos Humanos, quién está impulsando un proceso de diálogo, a no dejarse atrapar por modelos de diálogo elitistas, urbano céntricos, sin compromisos políticos serios de los actores de poder y sin tomar en cuenta a los Pueblos Indígenas que son la mayoría del país.  En su metodología deberá considerar los cientos de diálogos que han terminado en nada y que han profundizado la impunidad; el más reciente el desarrollado para la Reforma Constitucional.
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·    A la comunidad internacional a continuar apoyando el proceso en Guatemala, con la firmeza con la que se han posicionado hasta el momento y a que no bajen la guardia hasta ver que el pacto de impunidad se haya roto.
 
Guatemala, 31 de agosto de 2017
 

Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, por lo que hoy recordamos con profundo pesar a los más de 45,000 desaparecidos durante el conflicto armado interno. Después de más de 30 años, los sobrevivientes y las víctimas del conflicto armado seguimos sin encontrar a nuestros seres queridos, sin saber por qué se los llevaron, mientras los responsables siguen en la impunidad. Después de 20 años de la firma de la paz, el Estado de Guatemala sigue sin atender las demandas de las víctimas del conflicto armado y sin cumplir los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz.

En el contexto actual que vive el país, rechazamos las declaraciones recientes del ex Presidente Álvaro Arzú al decir que “él firmó la paz, pero también puede hacer la guerra”. Creemos que estas afirmaciones son desproporcionadas e irresponsables, después de las atrocidades que el Estado de Guatemala cometió contra nuestros pueblos durante el conflicto armado interno. Le exigimos al señor Arzú y a los funcionarios de Gobierno no utilizar este tipo de amenazas para intimidar a las víctimas y a la población, con la intención de impedir que exijamos nuestros derechos como ciudadanos. Les recordamos que la paz y la democracia son propiedad de todas y todos y no se deben manipular.

Las organizaciones firmantes que representamos a miles de víctimas del conflicto armado interno a nivel nacional, expresamos nuestro total respaldo al Comisionado Iván Velásquez y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como a la Fiscal General Thelma Aldana. El trabajo de ambos nos ha demostrado que la justicia es posible en Guatemala cuando está en manos de personas rectas, capaces y valientes.

Guatemala, 30 de agosto de 2017.

CONCEJO NACIONAL DE VÍCTIMAS
RED NACIONAL DE VÍCTIMAS
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS QA’NIL TINAMIT 

La Convergencia por los Derechos Humanos plantea que:
 
·    La actual coyuntura es consecuencia de acciones y decisiones de Estado tomadas a lo largo de los años por actores políticos que han convertido a nuestra democracia   en un gobierno de ladrones (cleptocracia).
 
·    La crisis del 2015 no desembocó en cambios profundos sino en la continuidad de un sistema político que vive de la corrupción, el pago de favores y la expoliación de los y las guatemaltecas y los recursos naturales de nuestro territorio.
 
·    Las acciones de la última semana del Presidente Jimmy Morales fueron la última jugada de los grupos, sectores y políticos que se han beneficiado de la cleptocracia y que actualmente se ven señalados en sendos procesos penales y obligados a resolver su situación política.  Los discursos, las acciones desarrolladas al amparo de la desinformación y la nocturnidad, evidencian la existencia de actores militares y políticos ligados a la contrainsurgencia y que vieron destruida su posibilidad de respuesta cuando Otto Pérez Molina renunció.
 
·    Los argumentos del Presidente Jimmy Morales para declarar la expulsión de Iván Velásquez son en muchos casos falaces o infundados y ocultan las razones personales y las más obscuras del grupo de impunidad que representa.
 
Ante esta situación, la Convergencia por los Derechos Humanos:

·    Declara su total e irrestricto apoyo a Iván Velásquez Gómez y a la CICIG, a Thelma Aldana y al Ministerio Público, por su invaluable aporte a Guatemala desnudando la cleptocracia guatemalteca y luchando contra la impunidad.
 
·    Muestra su respaldo a los funcionarios de gobierno que han presentado su renuncia ante la consolidación del proyecto de la impunidad en el Ejecutivo, a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad que por cumplir con su trabajo han recibido represalias y al Ministro Francisco Rivas su apoyo para que continúe con su trabajo de lucha en contra de la impunidad en el contexto tan complejo que hoy vive Guatemala.
 
·    Señala que la única salida posible de un sistema cleptocrático es una reforma de fondo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP)  y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con nuevas reglas.  La reforma a la LEPP debe garantizar tanto la inclusión de poderes de fiscalización real al Tribunal Supremo Electoral como de elecciones uninominales para las diputaciones y blindar a los partidos políticos y otras formas de representación ante la manipulación por parte de intereses obscuros.
 
·    Llama al ciudadano Jimmy Morales a que renuncie de la Presidencia de la República para detener el agravamiento de la crisis. Al Vicepresidente Jafeth Cabrera a que asuma la responsabilidad de cambiar el rumbo y someterse a la auditoría ciudadana mientras se instala la Asamblea Nacional Constituyente.
 
·    Exhorta a las personas formadoras de opinión a utilizar un discurso de inclusión y  de enfoque de derechos y no discurso de odio, o que reduzca el problema a una lucha de izquierdas contra derechas, de comunistas versus anticomunistas, de católicos contra evangélicos y cualquier simplificación de la realidad o estigmatización de las personas.
 
·    Agradece a la comunidad internacional su apoyo a los procesos de justicia y lamenta, aunque comprende que la decisión ilegítima y arbitraria del señor Jimmy Morales acarree como consecuencia sanciones de diversa índole.
 
·    Llama a la ciudadanía para que de forma no violenta y sin caer en provocaciones, siga manifestando en todos los espacios públicos posibles, emitiendo su opinión y construyendo una visión común de apoyo a Iván Velásquez y la CICIG, pero sobre todo, de lucha en contra de la corrupción y defensa de una democracia real, inclusiva y participativa.
 
 Guatemala, 27 de agosto de 2017

El 22 de agosto de 2017 CAFCA realizó exhumación de víctimas del conflicto armado en la aldea Parramos Grande, municipio de Nebaj, departamento de Quiché.  Según la información testimonial, en el sitio excavado fue enterrada una mujer con sus tres hijos menores de edad, a quienes miembros del Ejército Nacional les provocaron la muerte, durante una incursión militar en contra de familias ixiles desplazadas por la violencia.

El 17 de agosto de 1978 en el cementerio “María Eleuteria” de la aldea San Juan La Quince, municipio de Ixcán, departamento de Quiché, fueron inhumados los restos de la señora Inocenta Ortiz Ciana y los de su pequeño hijo de seis meses.  Según la información testimonial, en marzo de 1982, miembros del Ejército Nacional capturaron a la señora Ortiz, junto a su padre y su menor hijo, por una falsa acusación de colaborar con la guerrilla, posteriormente los tres fueron ejecutados. 

​La exhumación fue realizada por expertos del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), en alianza con la Coordinadora de Víctimas del Municipio de Ixcán (CORVIMI) y el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).