La Convergencia por los Derechos Humanos, frente la desobediencia consumada el día de hoy por el Gobierno de Guatemala a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (Expediente 4207-2018) emitida este 16 de septiembre 2018, manifiesta:
De tal cuenta que, la Convergencia por los Derechos Humanos, comprometida con los preceptos de defensa de la democracia y el orden constitucional, demanda:
Guatemala 18 de septiembre de 2018.
- Su condena ante la acción de desobediencia realizada por ordenes del Presidente Jimmy Morales e implementada por su equipo de gobierno contra lo resuelto por el órgano constitucional en su calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo. El gobierno de forma maliciosa genera una interpretación falsa donde concluye que debe realizar la negociación y dialogo con el Secretario General de las Naciones Unidas, y lograr el nombramiento de un nuevo Comisionado o Comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-.
- Las declaraciones y acciones de los miembros del gabinete de Jimmy Morales no sólo desobedecen ordenes constitucionales que tienen como efecto su destitución y posible persecución penal; sino que también AMENAZAN al Secretario General de las Naciones Unidas dándole 48 horas para remover al Comisionado Iván Velásquez y nombrar a otra persona por acuerdo mutuo. Esta nueva arremetida del #PactodeGolpistas para proteger y sostener el régimen de la impunidad constituye violación al artículo 5 y 12 del Convenio de Creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad.
- La acción realizada el día 17 de septiembre constituye otro paso más del proceso de golpe de Estado que lleva adelante el gobierno de Jimmy Morales y sus aliados. La necesidad de sostener la impunidad y la corruptucracia está llevando a Guatemala a la ruptura de la frágil democracia y nos empieza a colocar como Estado Fallido.
De tal cuenta que, la Convergencia por los Derechos Humanos, comprometida con los preceptos de defensa de la democracia y el orden constitucional, demanda:
- A la Corte de Constitucional, la inmediata ejecutoria de la Resolución 42017-2018 que anule lo actuado el día 17 de septiembre y destituya a los Ministros de Relaciones Exteriores y Gobernación así como al Procurador General de la Nación y apertura nuevo proceso de antejuicio contra el Presidente la República señor Jimmy Morales.
- Al Ministerio Público emprender la inmediata investigación y persecución penal contra los funcionarios públicos que desobedecieron la orden constitucional así como de aquellos funcionarios que desde el 4 de septiembre han estado ordenando acciones contra la constitución y abusando de su poder para coartar libertades y obligaciones de derechos humanos.
- Al Organismo Ejecutivo abstenerse de sancionar y/o decretar cualquier medida de limite u obstaculice la garantía plena de derechos humanos y libertades fundamentales de la población guatemalteca.
Guatemala 18 de septiembre de 2018.
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