1. El Ministerio de Energía y Minas ha notificado la cancelación del proyecto de explotación minera Niquegua Montúfar II, que en 2013 fue otorgado por el gobierno de Otto Pérez Molina a la Compañía Guatemalteca de Niquel (CGN), en Los Amates, Izabal.
2. La resolución del ministerio es el cumplimiento de la orden judicial que otorgó el amparo solicitado por el Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (CALAS), que actuó para proteger el ambiente y prevenir el grave riesgo que para este representaba el proyecto minero en cuestión. La licencia otorgada con anomalía, le autorizaba a CGN a perforar hasta 30 metros lineales en el subsuelo y extraer con fines de explotación, níquel, cromo, cobalto, hierro y magnesio, entre otros minerales.
3. La cancelación de dicho proyecto minero es histórica y trascendental. Se trata de la segunda acción desde el ejecutivo, en cumplimiento de una sentencia judicial que dicta proteger los recursos naturales. La primera es la cancelación del Proyecto Progreso VII o El Tambor conocida también como “La Puya”. La misma obedece, como ya se indicó, a la valiente acción ejecutada por el personal de CALAS, en defensa del ambiente e indudablemente al proceso de resistencia realizada por comunidades como las de San José El Golfo, San Pedro Ayamapuc, San Rafael Las Flores, Mataquescuintla, entre otros.
Por lo anterior, la Convergencia por los Derechos Humanos:
1. Se congratula de esta resolución y felicita a CALAS y a su equipo jurídico, por este importante logro en favor de la madre naturaleza, en protección del ambiente y en resguardo de los recursos naturales que siguen en riesgo por la acción corrupta y corruptora de funcionarios y empresarios.
2. Resalta la importancia que esta disposición judicial tiene en el esfuerzo ciudadano y comunitario por luchar en defensa del territorio y los recursos. El precedente jurídico alcanzado con la gestión de CALAS, abre el camino para avanzar en las acciones de defensa del ambiente y los recursos naturales, en particular los no renovables.
3. Advierte a las entidades afectadas por esta resolución soberana, que además de acatar la misma, están obligadas a respetar la integridad de quienes en ejercicio de derechos irrenunciables han accionado para proteger de un daño irreparable el patrimonio de recursos naturales.
4. Llama a las entidades estatales de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, en particular a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a desplegar su acción de resguardo del derecho a defender derechos, tanto de las comunidades alrededor del proyecto minero en cuestión, de las comunidades que resisten, en general, como del personal de CALAS, en particular su director y su mandatario judicial.
5. Expresa su solidaridad y respaldo a CALAS y su equipo, así como a las comunidades afectadas por el proyecto minero hoy cancelado.
6. Invita al movimiento social, en particular el que defiende el territorio y el ambiente, a dar acompañamiento y celebrar estos triunfos históricos por la defensa de nuestros recursos.
Guatemala, 9 de junio de 2016
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