PROTEGER LA INTEGRIDAD Y LA VIDA DE LAS Y LOS PERIODISTAS

CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS  

1. El 28 de noviembre casi a la media noche, el periodista Oswaldo Ical Jom fue brutalmente vapuleado por el Síndico Segundo de la municipalidad de Chicamán, Alfonso Morán. El ataque, tercero que sufre Oswaldo desde agosto de 2014, tiene como propósito impedir que continúe con su trabajo como periodista.

2. En agosto de 2014 cuando investigaba una información, Oswaldo Ical fue secuestrado, torturado y golpeado por un grupo dirigido por los hermanos Antonio y Diego Itzep, cabecillas de una supuesta junta de seguridad, en una aldea de Uspantán, Quiché. Un año después, también durante el ejercicio de su actividad periodística, Oswaldo fue agredido por miembros del Partido Patriota, en ese entonces en el poder.

3. En aras de fortalecer el estado de derecho y contribuir al combate de la impunidad, Oswaldo ha mantenido una lucha inquebrantable por alcanzar justicia por la agresión enfrentada y lograr que los tribunales procesen a los responsables.

4. Este nuevo ataque en contra del reportero se produce apenas dos días antes del 30 de noviembre, cuando se conmemora en Guatemala el Día del y la Periodista. Una profesión cuyo ejercicio en el país se ha tornado cada vez más difícil pues, de acuerdo con datos del Ministerio Público, tan solo este año han matado a ocho periodistas.

En virtud de esta situación, como Convergencia por los Derechos Humanos

1. Trasladamos un mensaje de solidaridad para Oswaldo Ical Jom, así como nuestro respaldo pleno a su labor como defensor del derecho a la información. Al mismo tiempo, reiteramos nuestro apoyo a su valiente lucha por alcanzar justicia y fortalecer el estado de derecho.

2. Enviamos un saludo fraterno a las y los periodistas en Guatemala quienes hoy conmemoran su día, en condiciones todavía injustas para el ejercicio de su labor. Por lo cual, también les instamos a generar lazos de unidad gremial en defensa de sus derechos laborales y profesionales.

​3. Demandamos a las autoridades del sistema de justicia a realizar la investigación que permita deducir las responsabilidades por este alevoso ataque, cuyas consecuencias golpean también a la sociedad guatemalteca.

4. Reiteramos nuestra exigencia de que el Estado de Guatemala ponga en plena vigencia un Programa de Protección a Periodistas, comunicadoras y comunicadores en todos los campos y que responda a las situaciones reales que enfrentan, así como a la magnitud de la amenaza a su labor.

5. Instamos a la sociedad guatemalteca, a las organizaciones sociales y de derechos humanos, a solidarizarse con las y los periodistas amenazados en su labor profesional y a defender el derecho a la información, vulnerado cada vez que se les ataca.

Guatemala, 30 de noviembre de 2016