Ante las iniciativas de impunidad y represión social promovidas en el Congreso de la República, la Convergencia por los Derechos Humanos, EXPONE:
1. Pese al rechazo ciudadano al #PactoDeCorruptos que se promovió en el Congreso de la República en septiembre, de nuevo se impulsan medidas que tienden a garantizar impunidad y, a la vez, limitar las posibilidades de participación social en contra de las mismas.
2. Esta situación se aprecia en: a) la propuesta de reformas al Decreto 145-96 Ley de Reconciliación Nacional, promovida por el diputado Fernando Linares Beltranena, apoyada por diputados con pasado militar o vinculados al partido en el gobierno, que busca amnistía total por delitos de lesa humanidad a quienes han sido condenados o están en proceso penal por los mismos: b) la iniciativa de ley 5239, Ley contra actos terroristas, promovida por el diputado Carlos Napoleón Rojas, la cual en un artículo extenso tipifica como acto de terrorismo toda acción social de protesta.
3. En la propuesta que impulsa Linares Beltranena, además de retomar el fuero militar para delitos comunes, se promueve impunidad total al contemplar en el artículo tres (3), que dicha amnistía “... se extiende a todos los delitos tipificados en el Código Penal y otros cuerpos legales vigentes al 27 de diciembre de 1996”. En tanto que, en el artículo 4 de la la propuesta de Rojas Alarcón, se penaliza y criminaliza a toda forma de organización social “tales como corporaciones, grupos religiosos, racistas, independistas, revolucionarios, entre otros”.
5. Por otra parte, la Iniciativa 5256 que pretende reformar la “Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo” obtuvo un voto favorable hace unos meses y se busca agilizar su aprobación. En estas reformas pretenden coartar la libertad de expresión y asociación, así como el derecho a petición de las organizaciones y sus integrantes para limitar su existencia a meras acciones asistencialistas.
5. Estas propuesta de ley no son iniciativas aisladas sino más bien, acciones concertadas para continuar con la intención de asegurar impunidad a todo tipo de crimen cometido por funcionarios, especialmente militares en situación de retiro y, a la vez, poner límites penales al pleno ejercicio de derechos ciudadanos universalmente reconocidos y garantizados por la legislación nacional.
POR LO ANTERIOR, LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS
1. Condena y rechaza enérgicamente todas las intenciones en el Congreso que tiendan a promover, favorecer, impulsar o garantizar impunidad por crímenes contra la humanidad y por actos de corrupción y robo de recursos nacionales, así como las propuestas de ley que en forma velada atentan contra los derechos, libertades y garantías ciudadanas protegidas por la Constitución Política de la República de Guatemala.
2. Demanda a los diputados de las Comisiones parlamentarias que conocerán de las iniciativas recientemente presentadas, dar dictamen negativo a las mismas por ser atentatorias al marco jurídico vigente. Además, no aprobar en segunda lectura la iniciativa de reformas a la Ley de ONGD.
3. Llama a las organizaciones sociales de Guatemala a pronunciarse en contra de estas iniciativas lesivas a los intereses ciudadanos y contrarias a la vigencia plena de los Derechos Humanos.
Guatemala, 7 de noviembre de 2017
1. Pese al rechazo ciudadano al #PactoDeCorruptos que se promovió en el Congreso de la República en septiembre, de nuevo se impulsan medidas que tienden a garantizar impunidad y, a la vez, limitar las posibilidades de participación social en contra de las mismas.
2. Esta situación se aprecia en: a) la propuesta de reformas al Decreto 145-96 Ley de Reconciliación Nacional, promovida por el diputado Fernando Linares Beltranena, apoyada por diputados con pasado militar o vinculados al partido en el gobierno, que busca amnistía total por delitos de lesa humanidad a quienes han sido condenados o están en proceso penal por los mismos: b) la iniciativa de ley 5239, Ley contra actos terroristas, promovida por el diputado Carlos Napoleón Rojas, la cual en un artículo extenso tipifica como acto de terrorismo toda acción social de protesta.
3. En la propuesta que impulsa Linares Beltranena, además de retomar el fuero militar para delitos comunes, se promueve impunidad total al contemplar en el artículo tres (3), que dicha amnistía “... se extiende a todos los delitos tipificados en el Código Penal y otros cuerpos legales vigentes al 27 de diciembre de 1996”. En tanto que, en el artículo 4 de la la propuesta de Rojas Alarcón, se penaliza y criminaliza a toda forma de organización social “tales como corporaciones, grupos religiosos, racistas, independistas, revolucionarios, entre otros”.
5. Por otra parte, la Iniciativa 5256 que pretende reformar la “Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo” obtuvo un voto favorable hace unos meses y se busca agilizar su aprobación. En estas reformas pretenden coartar la libertad de expresión y asociación, así como el derecho a petición de las organizaciones y sus integrantes para limitar su existencia a meras acciones asistencialistas.
5. Estas propuesta de ley no son iniciativas aisladas sino más bien, acciones concertadas para continuar con la intención de asegurar impunidad a todo tipo de crimen cometido por funcionarios, especialmente militares en situación de retiro y, a la vez, poner límites penales al pleno ejercicio de derechos ciudadanos universalmente reconocidos y garantizados por la legislación nacional.
POR LO ANTERIOR, LA CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS
1. Condena y rechaza enérgicamente todas las intenciones en el Congreso que tiendan a promover, favorecer, impulsar o garantizar impunidad por crímenes contra la humanidad y por actos de corrupción y robo de recursos nacionales, así como las propuestas de ley que en forma velada atentan contra los derechos, libertades y garantías ciudadanas protegidas por la Constitución Política de la República de Guatemala.
2. Demanda a los diputados de las Comisiones parlamentarias que conocerán de las iniciativas recientemente presentadas, dar dictamen negativo a las mismas por ser atentatorias al marco jurídico vigente. Además, no aprobar en segunda lectura la iniciativa de reformas a la Ley de ONGD.
3. Llama a las organizaciones sociales de Guatemala a pronunciarse en contra de estas iniciativas lesivas a los intereses ciudadanos y contrarias a la vigencia plena de los Derechos Humanos.
Guatemala, 7 de noviembre de 2017
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