El gobierno de la república, encabezado por Jimmy Morales Cabrera, con el apoyo de su gabinete, en especial los titulares de los ministerios de Gobernación, Enrique Degengart y, Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, ha violentado el estado de derecho, desde agosto de 2017. Entre otras acciones, tergiversando la función que le confiere la Carta Magna para dirigir la política exterior, ha incurrido en acciones violatorias al derecho internacional y a la propia Constitución de la República.
Sin atender los procedimientos que la ley establece, requirió a un gobierno internacional, al reino de Suecia, que cambiara de embajador porque el representante de dicho país en Guatemala, supuestamente había emitido declaraciones fuera de lugar. Lo curioso es que las declaraciones que se utilizaron como pretexto, habían sido planteadas varios meses anteriores a la nota que se envía luego de la declaración de respaldo del gobierno de Suecia a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Posteriormente, Morales decidió declarar non grato al titular de la CICIG, Iván Velásquez y un año después, en agosto de 2018, le impide, de hecho el retorno al país. Luego, anula las visas de cortesía al personal de CICIG y finalmente, de forma unilateral, da por concluido el convenio que le da vida.
Todas esas acciones violaron procedimientos legales, razón por la cual la Corte de Constitucionalidad (CC) por mayoría, resolvió en forma reiterada contra las acciones realizadas por el gobernante y le ordenó a este enmendar lo actuado fuera de ley y al Ministerio Público /(MP), a velar por el cumplimiento. Lejos de acatar dichas resoluciones, el gobierno actuó sostenidamente en una actitud de violar la ley y las ordenanzas del tribunal constitucional e incluso obstaculizó la acción judicial al impedir el ingreso de fiscales del MP a las instalaciones del aeropuerto y ordenar incluso la salida de la oficina de la fiscalía que funciona en dicho lugar.
Esta última decisión ha sido revertida, supuestamente de forma consensuada entre el gobierno y el MP. Sin embargo, el resto de disposiciones judiciales que el gobierno está obligado a acatar, continúan siendo burladas en forma contumaz y alevosa.
Ahora, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por magistradas y magistrados que tienen vínculos con el #PactoDeCorruptos, se presta a la estrategia de desaforo a los magistrados de la CC que han sostenido sus resoluciones en forma congruente en defensa del orden constitucional.
Por lo anterior, la CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS:
1) Condena la constante y reiterada desobediencia del gobierno de Jimmy Morales, a las resoluciones de la CC y le exige que, debido a su incapacidad para actuar en el marco de la ley y del estado de derecho, él y su gabinete presenten sus renuncias pues han dejado de representar los intereses de la colectividad.
2) Exige al Congreso de la República abstenerse de desaforar a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad por cuanto al hacerlo serían cómplices del todavía presidente Morales en la violación al orden constitucional. De igual forma, que informe plenamente sobre los fondos otorgados a la Asociación de Dignatarios de la Nación, así como el detalle de ejecución de los mismos.
3) A la Corte Suprema de Justicia le demanda dejar de servir a los intereses del #PactoDeCorruptos y desestimar las denuncias espurias en contra de las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
4) Reitera su solidaridad y respaldo con los magistrados de la CC, perseguidos por su accionar apegado a la Constitución y las leyes de la república; así como al Procurador de Derechos Humanos.
5) A la sociedad guatemalteca, las organizaciones sociales, de derechos humanos, de trabajadoras y trabajadores, defensoras del territorio, representaciones de pueblos originarios, movimiento campesino y estudiantil, así como a las mujeres, las y los jóvenes, a mantener la lucha por la dignidad y la defensa de los derechos de todas y todos, a mantener la lucha por una sociedad con justicia social.
Guatemala, 14 de enero de 2019
CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS
Sin atender los procedimientos que la ley establece, requirió a un gobierno internacional, al reino de Suecia, que cambiara de embajador porque el representante de dicho país en Guatemala, supuestamente había emitido declaraciones fuera de lugar. Lo curioso es que las declaraciones que se utilizaron como pretexto, habían sido planteadas varios meses anteriores a la nota que se envía luego de la declaración de respaldo del gobierno de Suecia a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Posteriormente, Morales decidió declarar non grato al titular de la CICIG, Iván Velásquez y un año después, en agosto de 2018, le impide, de hecho el retorno al país. Luego, anula las visas de cortesía al personal de CICIG y finalmente, de forma unilateral, da por concluido el convenio que le da vida.
Todas esas acciones violaron procedimientos legales, razón por la cual la Corte de Constitucionalidad (CC) por mayoría, resolvió en forma reiterada contra las acciones realizadas por el gobernante y le ordenó a este enmendar lo actuado fuera de ley y al Ministerio Público /(MP), a velar por el cumplimiento. Lejos de acatar dichas resoluciones, el gobierno actuó sostenidamente en una actitud de violar la ley y las ordenanzas del tribunal constitucional e incluso obstaculizó la acción judicial al impedir el ingreso de fiscales del MP a las instalaciones del aeropuerto y ordenar incluso la salida de la oficina de la fiscalía que funciona en dicho lugar.
Esta última decisión ha sido revertida, supuestamente de forma consensuada entre el gobierno y el MP. Sin embargo, el resto de disposiciones judiciales que el gobierno está obligado a acatar, continúan siendo burladas en forma contumaz y alevosa.
Ahora, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por magistradas y magistrados que tienen vínculos con el #PactoDeCorruptos, se presta a la estrategia de desaforo a los magistrados de la CC que han sostenido sus resoluciones en forma congruente en defensa del orden constitucional.
Por lo anterior, la CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS:
1) Condena la constante y reiterada desobediencia del gobierno de Jimmy Morales, a las resoluciones de la CC y le exige que, debido a su incapacidad para actuar en el marco de la ley y del estado de derecho, él y su gabinete presenten sus renuncias pues han dejado de representar los intereses de la colectividad.
2) Exige al Congreso de la República abstenerse de desaforar a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad por cuanto al hacerlo serían cómplices del todavía presidente Morales en la violación al orden constitucional. De igual forma, que informe plenamente sobre los fondos otorgados a la Asociación de Dignatarios de la Nación, así como el detalle de ejecución de los mismos.
3) A la Corte Suprema de Justicia le demanda dejar de servir a los intereses del #PactoDeCorruptos y desestimar las denuncias espurias en contra de las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
4) Reitera su solidaridad y respaldo con los magistrados de la CC, perseguidos por su accionar apegado a la Constitución y las leyes de la república; así como al Procurador de Derechos Humanos.
5) A la sociedad guatemalteca, las organizaciones sociales, de derechos humanos, de trabajadoras y trabajadores, defensoras del territorio, representaciones de pueblos originarios, movimiento campesino y estudiantil, así como a las mujeres, las y los jóvenes, a mantener la lucha por la dignidad y la defensa de los derechos de todas y todos, a mantener la lucha por una sociedad con justicia social.
Guatemala, 14 de enero de 2019
CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS
Foto elEconomista.net
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