Entre los días 12 a 14 de abril de 2019, CAFCA realizó exhumaciones en el sitio Batz Chu de la aldea Antiguo Amacchel, municipio de Nebaj, departamento de Quiché. En el lugar se recuperaron los restos de 6 personas. Según información testimonial, las víctimas eran miembros de las Comunidades de Población en Resistencia, quienes fallecieron en circunstancias asociadas al desplazamiento. Por la situación de violencia en la región, en su momento no pudieron ser inhumados en un cementerio legal.
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El 5 de abril de 2019, con el apoyo de CICR y en coordinación con CONCODIG, CAFCA entregó los restos óseos de dos menores, que fueron exhumadas en el cantón Chugüexá, municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché. Según información testimonial, en el mes de diciembre de 1982 miembros del Ejército Nacional les provocaron la muerte a las hermanas Cristina de 17 años y Andrea de 5 años, ambas de apellidos Morales Algua. El cadáver de Andrea lo encontraron con un disparo en la mandíbula, a Cristina antes de ejecutarla abusaron sexualmente de ella, la torturaron fracturándole las manos y arrancándole el cuero cabelludo. Luego de 36 años del hecho, los restos de las menores pudieron ser inhumados por sus familiares en un cementerio El día 31 de marzo de 2019, CAFCA con el apoyo de CICR, en coordinación con la Fundación Guillermo Toriello y CPR-Sierra, exhumó los restos de una persona, localizada en una fosa clandestina, ubicada en el caserío Sacacotzij, municipio de Sacapulas, departamento de Quiché. Según la información testimonial, en ese lugar fue enterrado el cadáver del señor Miguel Tiu, a quien le provocaron la muerte en el año 1991, en el marco del Conflicto Armado Interno. El 23 de marzo de 2019 en el cantón Xesic del municipio de Santa Cruz, departamento de Quiché, fueron inhumados los restos del señor Martín Gutiérrez. Quien, de acuerdo a los testimonios, falleció por heridas que le provocaron miembros del Ejército Nacional en mayo de 1983. Por temor los familiares habían registrado su muerte como fallecimiento por enfermedad. Las lesiones óseas observadas durante la investigación de antropología forense, son coincidentes con la versión testimonial, que refiere una muerte ocurrida en circunstancias violentas. La Convergencia por los Derechos Humanos externa ante la opinión pública nacional e internacional su alarma ante el avance de una visión discriminatoria en contra de la mujer y la diversidad sexual utilizando argumentos que pretenden supeditar los derechos constitucionales a los valores de algunas adscripciones religiosas.
En el marco del avance del #PactodeCorruptos se impulsa una agenda de retroceso en materia de Derechos Humanos que va desde la legalización de una ley de amnistía a violadores de derechos humanos hasta la prohibición de la enseñanza del enfoque de género y la educación sexual y reproductiva. Con el proceso electoral, varias plataformas políticas están construyéndose sobre estos argumentos fundamentalistas, las cuáles no tienen posibilidad política de aplicación en el marco constitucional que hoy nos rige. Por ende, estos grupos tienen el fin es erosionar el Estado de Derecho. El día de ayer, 11 de marzo del 2019, varios partidos anunciaron su no participación en el Pacto de No Agresión impulsado por el Tribunal Supremo Electoral argumentando que la inclusión de un llamado a la ‘no discriminación’ es parte de las filosofías foráneas e ‘ideologías’ de género que impulsa dicho ente electoral. Más grave aún, fue la negativa de la Alianza Evangélica de Guatemala a participar por esos motivos. La actuación de estos actores tiene como objetivo deslegitimar el proceso electoral y preparar las condiciones para desconocer las mismas. Además, estas acciones realizadas por actores que pretenden el voto ciudadano y la representación de sectores sociales contravienen directamente la Constitución Política de la República en su artículo 4 que establece que “En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos….”. El principio de igualdad es el que inspira la prohibición de toda forma de discriminación que en su forma positiva implica la obligación del Estado de prevenir toda forma de discriminación y realizar acciones que permitan corregir las desigualdades que son fomentadas por razones sociales, cosmovisiones y/o prácticas culturales. Por ello, el Tribunal Supremo Electoral está obligado a promover la no discriminación durante el proceso electoral. Por otra parte, el desarrollo del principio de igualdad ha significado la penalización de la conducta discriminatoria que según el Código Penal art. 202 (bis) es "Se entiende por discriminación, señala: a) Toda distinción; b) Toda exclusión; c) Toda restricción, d) Toda preferencia. Basada en motivos de: género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, estado civil, o cualesquiera otra circunstancia o motivo, razón que impidiere, o dificultare a una persona o grupo de personas, el ejercicio de un derecho.” Por ello, como organizaciones de derechos humanos llamamos la atención a candidatos, Partidos Políticos y actores sociales a que el impulso de ideas que fomentan el trato distinto entre la población guatemalteca pueden constituirse en acciones discriminatorias que son penadas por la ley guatemalteca. Guatemala, 14 de marzo de 2019 A finales de enero del año 2019, en San Pedro Jocopilas se entregaron los restos óseos de los señores Juan Patzan Baten y Marcelino Acabal Batem, los cuales habían sido exhumados por antropólogos forenses del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Según la información testimonial, las víctimas fallecieron durante una masacres ejecutada por el Ejército Nacional, en contra de pobladores del cantón Xoljuyup, municipio de San Pedro Jocopilas, departamento de Quiché. Los restos de los fallecidos finalmente pudieron descansar en el cementerio municipal de San Pedro Jocopilas. El gobierno de la república, encabezado por Jimmy Morales Cabrera, con el apoyo de su gabinete, en especial los titulares de los ministerios de Gobernación, Enrique Degengart y, Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, ha violentado el estado de derecho, desde agosto de 2017. Entre otras acciones, tergiversando la función que le confiere la Carta Magna para dirigir la política exterior, ha incurrido en acciones violatorias al derecho internacional y a la propia Constitución de la República.
Sin atender los procedimientos que la ley establece, requirió a un gobierno internacional, al reino de Suecia, que cambiara de embajador porque el representante de dicho país en Guatemala, supuestamente había emitido declaraciones fuera de lugar. Lo curioso es que las declaraciones que se utilizaron como pretexto, habían sido planteadas varios meses anteriores a la nota que se envía luego de la declaración de respaldo del gobierno de Suecia a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Posteriormente, Morales decidió declarar non grato al titular de la CICIG, Iván Velásquez y un año después, en agosto de 2018, le impide, de hecho el retorno al país. Luego, anula las visas de cortesía al personal de CICIG y finalmente, de forma unilateral, da por concluido el convenio que le da vida. Todas esas acciones violaron procedimientos legales, razón por la cual la Corte de Constitucionalidad (CC) por mayoría, resolvió en forma reiterada contra las acciones realizadas por el gobernante y le ordenó a este enmendar lo actuado fuera de ley y al Ministerio Público /(MP), a velar por el cumplimiento. Lejos de acatar dichas resoluciones, el gobierno actuó sostenidamente en una actitud de violar la ley y las ordenanzas del tribunal constitucional e incluso obstaculizó la acción judicial al impedir el ingreso de fiscales del MP a las instalaciones del aeropuerto y ordenar incluso la salida de la oficina de la fiscalía que funciona en dicho lugar. Esta última decisión ha sido revertida, supuestamente de forma consensuada entre el gobierno y el MP. Sin embargo, el resto de disposiciones judiciales que el gobierno está obligado a acatar, continúan siendo burladas en forma contumaz y alevosa. Ahora, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por magistradas y magistrados que tienen vínculos con el #PactoDeCorruptos, se presta a la estrategia de desaforo a los magistrados de la CC que han sostenido sus resoluciones en forma congruente en defensa del orden constitucional. Por lo anterior, la CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS: 1) Condena la constante y reiterada desobediencia del gobierno de Jimmy Morales, a las resoluciones de la CC y le exige que, debido a su incapacidad para actuar en el marco de la ley y del estado de derecho, él y su gabinete presenten sus renuncias pues han dejado de representar los intereses de la colectividad. 2) Exige al Congreso de la República abstenerse de desaforar a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad por cuanto al hacerlo serían cómplices del todavía presidente Morales en la violación al orden constitucional. De igual forma, que informe plenamente sobre los fondos otorgados a la Asociación de Dignatarios de la Nación, así como el detalle de ejecución de los mismos. 3) A la Corte Suprema de Justicia le demanda dejar de servir a los intereses del #PactoDeCorruptos y desestimar las denuncias espurias en contra de las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. 4) Reitera su solidaridad y respaldo con los magistrados de la CC, perseguidos por su accionar apegado a la Constitución y las leyes de la república; así como al Procurador de Derechos Humanos. 5) A la sociedad guatemalteca, las organizaciones sociales, de derechos humanos, de trabajadoras y trabajadores, defensoras del territorio, representaciones de pueblos originarios, movimiento campesino y estudiantil, así como a las mujeres, las y los jóvenes, a mantener la lucha por la dignidad y la defensa de los derechos de todas y todos, a mantener la lucha por una sociedad con justicia social. Guatemala, 14 de enero de 2019 CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS |
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